Estados Unidos emitió una acusación formal en la que detalló cómo presuntamente el Cártel de Sinaloa tomó el control directo de las fuerzas de seguridad locales a través de millonarios sobornos. Como parte de la misma red institucional de corrupción en la que está acusado el gobernador Rubén Rocha Moya, el excomandante Juan Valenzuela Millán, alias "Juanito", presuntamente operó para que "Los Chapitos" dominaran la ciudad de Culiacán con ayuda policial.
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¿Cómo operaba la Policía de Culiacán bajo las órdenes del cártel?
Según la acusación formal, Juan Valenzuela Millán, un excomandante de alto nivel en la Policía Municipal de Culiacán, le otorgó a "Los Chapitos" un acceso ilimitado a la fuerza policial.
A cambio de recibir sobornos de más de $1,600 dólares estadounidenses mensuales, "Juanito" presuntamente utilizó a los oficiales de la corporación para ayudar a la facción del cártel a mantener su control territorial sobre Culiacán, ejecutando directamente arrestos, secuestros y asesinatos.
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El excomandante habría estado relacionado con la muerte del informante de la DEA
El expediente señala a Valenzuela Millán por participar directamente en la campaña de violencia y represalias de la organización delictiva. Alrededor de octubre de 2023, "Juanito" presuntamente ayudó a "Los Chapitos" a secuestrar a una fuente confidencial de la DEA, así como a un familiar de dicha fuente.
Tras el secuestro, el cártel torturó y asesinó a las víctimas, motivados por la sospecha de que el informante estaba proporcionando información al gobierno estadounidense en el marco de esta misma investigación.
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Condena que enfrentaría Juan Valenzuela Millán ante la justicia estadounidense
Debido a la naturaleza violenta de sus actos, las penas que enfrenta este exfuncionario son las más severas del grupo de acusados. Además de los cargos de conspiración para la importación de narcóticos y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, Valenzuela Millán está acusado de secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer secuestro con resultado de muerte. Por estos delitos federales, la ley dicta una sentencia obligatoria de cadena perpetua.
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