El Congreso del Estado de Chiapas recibió formalmente las peticiones de declaratoria de procedencia y desafuero en contra de la presidenta municipal de Jiquipilas y de seis integrantes del Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa. La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que estas solicitudes se realizaron con el fin de retirar el fuero constitucional a los servidores públicos implicados y poder proceder penalmente por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión agravada.
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El caso en Jiquipilas: Exigían un millón de pesos a un empresario
La solicitud de desafuero en contra de la alcaldesa de Jiquipilas exponen una presunta red de cobros ilícitos a particulares. Según lo detallado por las autoridades en la carpeta de investigación, se acreditó que a la víctima se le condicionó el establecimiento de una empresa dentro del territorio municipal a cambio de una fuerte suma de dinero.
Los servidores públicos implicados habrían exigido la cantidad de un millón de pesos en efectivo para otorgar los permisos correspondientes de operación. Por este mismo hecho, además del proceso de desafuero de la presidenta municipal, se giró una orden de aprehensión directa en contra de la directora de Obras Públicas municipales de Jiquipilas por el mismo ilícito.
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La situación en Ocozocoautla: Señalan a seis miembros del cabildo por presiones internas
El segundo expediente de declaratoria de procedencia involucra al cuerpo edilicio del Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa. En este caso, la solicitud de desafuero se promovió en contra de seis servidores públicos en funciones: la síndico municipal, dos regidoras y tres regidores.
De acuerdo con los datos de prueba de la Fiscalía, los funcionarios habrían incurrido en el delito de extorsión agravada al exigir de manera sistemática diversas cantidades de dinero a la Presidenta Municipal.
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Fiscalía investiga a diez municipios más en Chiapas
La Fiscalía General del Estado confirmó que actualmente existen múltiples carpetas de investigación abiertas y en etapa de integración en contra de servidores públicos municipales pertenecientes a otros diez ayuntamientos del estado de Chiapas.
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