La violencia e ingobernabilidad que atraviesa Chiapas se reflejó en el municipio de Ostuacán, donde se evidenció la falta de control institucional bajo la administración del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. Ante la falta de garantías de seguridad y la persistente impunidad en la entidad, una muchedumbre enardecida hizo justicia por mano propia contra dos sujetos señalados por el secuestro y feminicidio de una adulta mayor y su nieta de apenas 11 años. El saldo fue la decapitación de uno de los sospechosos a manos de la población, en un hecho que refleja el colapso en la impartición de justicia y el hartazgo ciudadano ante la incapacidad de las autoridades estatales para frenar el crimen organizado y proteger a las familias chiapanecas.
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