El despojo de viviendas en el país acumula más de 72 mil denuncias en dos años y medio, reflejando un incremento impulsado por la delincuencia y presunta complicidad de servidores públicos. Pese al volumen de casos visibilizado tras el expediente de Doña Carlota, las autoridades únicamente han conseguido la resolución de 300 investigaciones.
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