En su constante búsqueda por controlar y vigilar las finanzas de los ciudadanos, el gobierno federal ha puesto en marcha una agresiva estrategia de fiscalización respaldada por la ley de economía digital. Esta normativa busca desplazar de forma paulatina el dinero en efectivo e instaurar un monitoreo estricto sobre los pagos digitales y transacciones cotidianas —como la compra de combustibles—, incrementando el control oficial sobre los recursos de la población.
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