En el municipio de Huixtla, la tensión ha ido en aumento luego de que decenas de familias de la comunidad indígena Altamira La Providencia se organizaran en asamblea comunitaria tras ser notificadas de una diligencia judicial y una inminente orden de desalojo sobre el predio que habitan. Los más de 300 pobladores de la localidad defienden su permanencia al señalar que llevan más de 35 años trabajando la tierra y construyendo sus hogares en una zona que ya cuenta con servicios de energía eléctrica, infraestructura educativa y una casa de salud registrada, además de mantener trámites de regularización ante el Tribunal Agrario del Distrito 4 en Tapachula.
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