El Congreso de Chiapas aprobó reformas históricas al Código Penal para tipificar la cohabitación forzada. Ahora, obligar a un menor de 18 años a una relación conyugal se castigará con 8 a 15 años de prisión y multas económicas.
La sanción será mayor si la víctima pertenece a comunidades indígenas, buscando erradicar abusos justificados en “usos y costumbres”. Esta medida surge tras casos alarmantes, como el de una menor de 13 años que dio a luz en enero, evidenciando la urgencia de proteger el desarrollo integral de la niñez chiapaneca.
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