La justicia estadounidense sostiene que figuras clave de los tres niveles de gobierno, incluyendo al gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, habrían instrumentalizado las instituciones públicas para favorecer al crimen organizado. Con peticiones de extradición sobre la mesa, el estado queda bajo un escrutinio global que promete desmantelar las redes de influencia de la política y el narcotráfico en la región.
Azteca Noticias.
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