Una ciudadana chilena, con residencia en Chiapas, denunció haber sido víctima de acoso por parte de un agente de la Policía Estatal Ministerial, corporación que depende de la Fiscalía General del Estado, encabezada por Jorge Luis Llaven Abarca. Una problemática de abuso que ha persistido en el gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar.
La gravedad del caso escaló a nivel diplomático. El Consulado de Chile en México envió una carta oficial a la Fiscalía en la que expresa su “especial preocupación” por el bienestar de la connacional, y exigió que se le brinde un abogado de oficio, así como medidas de protección urgentes para garantizar su seguridad. La comunicación se encuentra ligada al expediente EDI/420/2025.
El Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa denunció que, pese a que la ciudadana interpuso formalmente una denuncia el 24 de agosto, la Fiscalía la citó hasta el 5 de septiembre en Tuxtla Gutiérrez, a través de la fiscal Yurimal Llaven Montiel, para pedirle que ratificara no solo su queja oficial, sino también la denuncia pública que realizó en redes sociales.
Ante los actos de hostigamiento sexual, la víctima recurrió también a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), además de visibilizar el caso públicamente con el respaldo de organizaciones civiles.
Este hecho expone no sólo un caso de violencia y abuso de poder dentro de una institución encargada de procurar justicia, sino también la falta de protección efectiva a las víctimas. Hoy, es una denuncia que cruza fronteras y coloca a la Fiscalía de Chiapas bajo la mirada de la comunidad internacional.
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