A dos meses del firme llamado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la extradición de Rocha Moya, Inzunza y otros señalados como narcopolíticos sigue bloqueada. Expertos coinciden en que México debería facilitar estos procesos para esclarecer las acusaciones. Sin embargo, la falta de acción por parte de las autoridades mexicanas mantiene a los implicados en un limbo jurídico ante la presión internacional
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