Chiapas es uno de los principales estados expulsores de mano de obra agrícola en el país, debido a sus altos niveles de pobreza laboral. De acuerdo a datos del observatorio México, ¿Cómo Vamos?, con base en cifras del INEGI, el 85.3 % de la población chiapaneca ocupada no cuenta con ingresos suficientes para cubrir la suma de la canasta básica alimentaria y no alimentaria (1T 2025). Esta es la cifra más alta del país y supera por más de 20 puntos el promedio nacional, que se sitúa en 64.3 %.
¿Qué significa esto para los chiapanecos?
Este indicador refleja una situación estructural de vulnerabilidad que facilita el reclutamiento de trabajadores bajo condiciones de abuso. Un ejemplo reciente fue documentado en Dolores Hidalgo, Guanajuato, donde se detectaron a más de 700 jornaleros agrícolas, entre ellos decenas de personas originarias de Chiapas, víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral.
Los testimonios refieren que fueron enganchados con promesas falsas, trasladados sin garantías, y obligados a trabajar más de 12 horas diarias en condiciones de hacinamiento y sin servicios básicos.
¿Qué hacen las autoridades ante este caso?
Pese a la gravedad del caso, autoridades estatales como la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Secretaría de Economía y del Trabajo, no han emitido postura pública ni anunciado acciones concretas.
