Una denuncia presentada en Estados Unidos expone presuntos vínculos entre operadores políticos mexicanos y el Cártel de Sinaloa, según testimonios que señalan filtración de información estratégica y presuntas prácticas irregulares durante procesos electorales. Las acusaciones describen un patrón de supuestos acuerdos para influir en resultados, debilitando instituciones y reavivando el debate sobre la infiltración del crimen organizado en estructuras políticas y de seguridad.
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