El gobierno de Layda Sansores en Campeche está en el ojo del huracán tras ordenar expropiaciones bajo el argumento de “utilidad pública”. Ciudadanos denuncian que detrás de estas acciones existen motivos políticos y un “sello de venganza”, ya que muchos afectados aseguran no tener recursos legales para defender su patrimonio frente al poder estatal.
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