Una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos vinculada al caso del gobernador Rubén Rocha Moya expuso la infiltración del narcotráfico en las corporaciones de seguridad. El informe detalla que más de 40 agentes y mandos operativos colaboraban directamente con la facción de Los Chapitos, convirtiendo a la policía en una extensión táctica de la organización criminal.
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La estructura de corrupción incluía pagos mensuales de hasta 300 mil pesos para jefes policiales y agentes de investigación. A cambio, los elementos brindaban protección institucional, filtraban información sobre operativos federales y facilitaban el tránsito de narcóticos.
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Entre los señalados destacan el vicefiscal Damaso Castro Zaavedra, alias "Regio", y Juan Valenzuela Millán, excomandante en Culiacán. Las autoridades estadounidenses describen a Valenzuela Millán como un "facilitador de la violencia" que servía de enlace directo con el cártel.
Bajo estas órdenes, la policía permitía el uso de armas de fuego y la venta de droga en las calles, además de actuar exclusivamente contra grupos rivales para asegurar el control territorial del grupo delictivo en la región.
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