Chiapas se sitúa a la cabeza de la estadística nacional de embarazos infantiles, con más de 5,000 casos registrados entre 2024 y 2025. Los datos de la Secretaría de Salud estatal revelan que la mayoría de estas jóvenes víctimas tienen menos de 16 años, convirtiendo a la entidad en un foco rojo a nivel nacional.
El rostro más desgarrador de esta crisis se refleja en los casos de niñas de tan sólo 10 años que han dado a luz, a menudo con progenitores de 40 años de edad, duplicando o triplicando su edad. Según Violeta Galicia, Coordinadora Operativa de Redias, “un dato que nos puede ayudar a entender por qué hablamos de esta coerción o violencia es cuando vemos el tema de las edades de los padres”.
La problemática está fuertemente vinculada a la violencia sexual, un delito que, según la Fiscalía General del Estado (FGE), no ha sido reportado de manera adecuada. Esta falta de denuncias invisibiliza la magnitud real del problema y alimenta un ciclo de impunidad que las organizaciones civiles señalan como la raíz de la crisis. A pesar de que los embarazos infantiles son un claro indicador de abuso sexual, las instituciones gubernamentales no han logrado articular una respuesta integral.
Pese a la gravedad de la situación, las autoridades de Chiapas, como la FGE, la Secretaría de Salud y el DIF, no han presentado una estrategia clara para la prevención, atención y sanción de estos casos. Esta inacción deja a miles de niñas sin protección y sin acceso a la justicia.
