Criminalización de defensores indígenas; son perseguidos por autoridades en Chiapas

Organizaciones de derechos humanos denuncian un patrón de criminalización contra defensores indígenas en Chiapas. Las autoridades usan acusaciones falsas para frenar la defensa del territorio.

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Organizaciones de derechos humanos han advertido sobre un patrón sistemático de criminalización contra personas defensoras indígenas en Chiapas, especialmente aquellas que luchan por la defensa de su territorio. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (FrayBa), estas prácticas de las autoridades estatales buscan sembrar miedo, dividir a las comunidades y, en consecuencia, frenar los procesos de organización y resistencia de los pueblos originarios.

“De cinco a diez casos en el FrayBa, que tiene que ver con la criminalización, en estos tiempos actuales del gobierno...Ligar con...Es un patrón recurrente, constante la criminalización a defensores de derechos humanos y con base en eso, meter miedo a la población para que no defienda sus derechos”, informó Juan López, del Centro de Derechos Humanos FrayBa.

FrayBa da seguimiento hasta diez casos de criminalización de defensores

El FrayBa ha documentado que, mediante acusaciones fabricadas, hostigamiento judicial, campañas de difamación e investigaciones mal hechas por la Fiscalía del Estado, a cargo de Jorge Luis Llaven Abarca, se construye un clima de persecución que facilita la imposición de proyectos extractivos, energéticos e infraestructurales, así como el avance de grupos criminales.

El Centro de Derechos Humanos resaltó casos de la oposición comunitaria a megaproyectos como la “súper carretera” San Cristóbal - Palenque, generando una respuesta represiva del Estado, usando la criminalización para atemorizar, inhibir y desmovilizar a las comunidades indígenas, tal es el caso de 5 defensores comunitarios de San Juan Cancuc, acusados de un homicidio a un Policía Municipal.

“Es responsabilidad misma del estado, garantizar el ejercicio libre de derechos humanos, como sociedad vayamos organizándonos para defender y denunciar a personas que les han fabricado culpabilidad de delitos donde no han participado”, agregó Juan López.

Comunidades son expuestas a riesgo de violencia

El Centro de Derechos Humanos subraya que esta situación no solo vulnera los derechos colectivos de los pueblos indígenas, sino que también debilita los procesos comunitarios de defensa del territorio, dejando a las comunidades expuestas a mayores riesgos de violencia y despojo. Y hasta el momento tanto el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, así como los integrantes de su gabinete no se han pronunciado al respecto.

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