En Chiapas, la precariedad laboral y la violencia han impulsado una migración interna marcada por la tragedia de las desapariciones. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en el estado se contabilizan 1,617 casos de personas desaparecidas, de las cuales 264 corresponden a migrantes, aunque organizaciones advierten de un fuerte subregistro.
El Comité de Chiapas Junax K’otantik subraya que la migración hacia el norte del país es consecuencia de condiciones de explotación laboral.
Un jornalero chiapaneco gana en promedio 150 pesos mexicanos por una jornada de más de ocho horas, lo que obliga a muchas familias a abandonar sus comunidades en busca de mejores oportunidades en otras entidades.
No obstante, el tránsito migratorio está atravesado por contextos de impunidad y violencia. “Miles de personas migrantes desaparecen en el tránsito, víctimas de crimen, violencia y de la omisión del Estado que debería protegerlas”, señala el pronunciamiento del comité.
La problemática impacta de manera particular a familias indígenas, que de acuerdo a sus testimonios, quienes además de enfrentar la desaparición de sus seres queridos deben lidiar con barreras lingüísticas, falta de recursos y un sistema de justicia que las revictimiza. La denuncia se agrava porque, en muchos casos, la institución traslada los expedientes al último lugar en donde la víctima tuvo contacto con sus familiares, obligando a familiares a recorrer miles de kilómetros para exigir justicia, sin apoyo.
En este contexto, el comité advierte: “Exigimos el reconocimiento de las personas migrantes nacionales en concepto de movilidad humana. Si bien es cierto que existen políticas públicas para migrantes extranjeros, el reconocimiento a esta migración interna no existe. La denuncia es trasladada al último lugar donde la víctima tuvo contacto con su familia, dejando en la indefensión a quienes claman justicia”.
Las organizaciones insisten en que las víctimas no son cifras ni expedientes olvidados, sino vidas e historias truncadas por la violencia y la negligencia del Estado.
Ante esta situación, el Comité de Chiapas Junax K’otantik conmina a la Fiscalía General del Estado, a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y a la Secretaria de Seguridad del Pueblo, a asumir su responsabilidad, garantizar el derecho a la vida y la seguridad, así como emprender protocolos eficaces de investigación y búsqueda.
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