Este miércoles se cumple una semana desde que el Gobierno de Estados Unidos formalizara la solicitud de detención provisional con fines de extradición contra diversos políticos mexicanos, con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, como figura central. Lejos de proceder con la captura, la administración federal ha optado por blindar al sinaloense, otorgándole protección y seguridad oficial bajo el argumento de resguardar su integridad ante posibles riesgos. Mientras el Ejecutivo mexicano minimiza la gravedad de los señalamientos exigiendo “pruebas contundentes”, la tensión escala ante el anuncio de que las agencias estadounidenses cuentan con listas adicionales que vinculan a una red más amplia de funcionarios y legisladores con el crimen organizado, lo que presagia una ruptura mayor en la cooperación bilateral de seguridad.
Azteca Noticias.
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