Chiapas, entre desigualdad y violencia: las mujeres defienden el agua y los humedales. En San Cristóbal de Las Casas, la defensa del agua y los humedales ha sido encabezada históricamente por mujeres que, además de cargar con el trabajo doméstico y agrícola, se enfrentan a la precariedad del acceso al agua y a diversas formas de violencia. Pese a que el derecho al agua está reconocido en la Constitución desde 2012, en la vida cotidiana este derecho se incumple: el suministro es irregular, el costo elevado, la calidad deficiente y muchas familias deben recorrer largas distancias para obtener el recurso.
La organización Agua y Vida: mujeres, derechos y ambiente junto a mujeres de la región han desarrollado espacios de organización comunitaria para exigir a las autoridades el respeto al derecho humano al agua.
Talleres, encuentros, campañas e iniciativas como huertos orgánicos, captación de agua de lluvia y sistemas alternativos de saneamiento han sido algunas de sus respuestas frente a la crisis hídrica. “Sabemos que organizadas somos mucho más fuertes”, señalan las participantes, quienes insisten en que el agua es un bien común que debe garantizarse para todas.
No obstante, esta lucha no está exenta de riesgos. Las mujeres que participan en la defensa del agua han denunciado ser objeto de machismo y violencias internas dentro del propio movimiento ambiental “Hemos sido ridiculizadas, difamadas y acosadas, incluso por nuestros propios compañeros de lucha”, afirman las defensoras, lo que evidencia que las desigualdades de género atraviesan también los espacios de resistencia.
La vulnerabilidad se agudiza por la histórica asignación del uso y cuidado del agua a las mujeres, derivada de desigualdades de género y sexo. Ellas son quienes garantizan la provisión del recurso para el consumo familiar y la producción agrícola a pequeña escala, lo que las convierte en las principales cuidadoras y usuarias. Sin embargo, esa responsabilidad también las expone a violencias que limitan su participación plena en la defensa ambiental.
Ante este panorama, exigen a Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAHN), Comisión Estatal del Agua y Saneamiento (CEAS), Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género (SEMUIGEN), Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y Fiscalía General del Estado (FGE) además de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a garantizar el acceso al agua, proteger a las defensoras y atender las violencias que enfrentan en el ejercicio de su labor comunitaria.
El llamado de la organización y el colectivo es claro: el agua no puede seguir siendo un privilegio, sino un derecho garantizado. “El agua es vida, el agua es para todas”, sostienen las mujeres, quienes advierten que la justicia ambiental no será posible sin justicia de género y sin el reconocimiento de su papel como protagonistas en la protección del territorio y los bienes comunes.
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