En menos de dos meses, se han hecho públicas diversas denuncias que involucran a elementos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas y de la Secretaría de Seguridad del Pueblo por presuntos actos de abuso de autoridad, allanamientos sin orden judicial y robo en domicilios particulares, afectando directamente a la ciudadanía.
El caso más reciente fue el de la periodista Luz del Alba Velasco Gordillo, cuyo domicilio en Comitán de Domínguez fue allanado el pasado 12 de junio de 2025. El operativo fue encabezado por la Fiscalía General del Estado de Chiapas, la Secretaría de Seguridad del Pueblo y otras instancias de seguridad federales. Sin embargo, se ejecutó sin orden judicial, sin presencia de testigos y con uso desproporcionado de la fuerza, según consta en imágenes de videovigilancia y testimonios vecinales. A través de sus redes sociales, la periodista afirmó: “Creo que el operativo se enmarca en las agresiones contra el ejercicio periodístico”.
Días antes, una madre soltera residente del barrio San Francisco, en Tuxtla Gutiérrez, denunció que su vivienda fue irrumpida la madrugada del viernes por elementos de la Fiscalía, sin mostrar orden de cateo y con uso de violencia física y verbal. “Entraron gritando, amenazando y causando destrozos; despertaron a mi hijo y a mí de forma brutal”, relató la víctima en un video difundido en redes sociales. Añadió que los uniformados revisaron sus pertenencias y se retiraron llevándose $4,500 pesos en efectivo, sin dejar acta ni justificación oficial del procedimiento.
A estos hechos se suma el allanamiento a la vivienda de Dora Roblero, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), ocurrido la noche del 22 de julio de 2025 en San Cristóbal de Las Casas. El Frayba denunció públicamente este acto y expresó su profunda preocupación, señalando que no se trata de un caso aislado, sino de una tendencia creciente de hostigamiento hacia personas defensoras de derechos humanos. Según su más reciente informe “Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal”, este sería el segundo allanamiento contra integrantes del Frayba en menos de diez meses, en un contexto de intimidación y vigilancia sistemática, ya denunciado ante autoridades nacionales e internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado al Frayba las Medidas Cautelares MC-5210 ante el riesgo constante.
Cifras oficiales revelan el aumento de casos de abuso de autoridad
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Chiapas se registraron 4,140 delitos del fuero común entre enero y marzo de 2025, lo que representa un incremento del 30.85 % respecto al mismo periodo del año anterior. Dentro de esos delitos, las denuncias por abuso de autoridad, robo y allanamiento de morada muestran una tendencia al alza.
Las víctimas exigen que la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo aclaren los motivos y responsabilidades de los operativos, y que se sancione a los elementos involucrados. Mientras tanto, organizaciones civiles advierten que el clima de impunidad y violencia institucional en Chiapas se agrava y pone en riesgo el ejercicio del periodismo, la defensa de los derechos humanos y la seguridad de la población.
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