El caso de los cinco indígenas defensores de San Juan Cancuc cumple tres años y tres meses sin resolución judicial. De acuerdo con sus testimonios, fueron acusados de un delito que no cometieron, en un proceso marcado por irregularidades y fabricación de pruebas, lo que evidencia la criminalización contra los pueblos originarios y las personas defensoras del territorio maya tseltal.
A pesar de los llamados del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Frayba y organismos internacionales, entre ellos el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias, Juan Velasco Aguilar, Manuel Santiz Cruz, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco permanecen privados de la libertad. Las exigencias de su liberación inmediata han sido reiteradas en diversos foros, sin que hasta ahora exista una respuesta concreta por parte de las autoridades.
A 20 meses de haber sido encarcelados, Juan Velasco Aguilar declaró:
“Quienes son los responsables de los hechos son los tres policías que se llevaron a mi compañero”.
Su testimonio señala las inconsistencias del proceso penal y la responsabilidad directa de elementos policiales, reforzando así las denuncias de arbitrariedad y abuso de poder en su caso.
De acuerdo con el Frayba, lo ocurrido con Juan y sus compañeros no constituye un hecho aislado, sino parte de una tendencia creciente de persecución judicial contra comunidades indígenas que ejercen su derecho a defender el territorio. Diversos informes han documentado una estrategia de intimidación, vigilancia y uso indebido del aparato de justicia para silenciar voces disidentes.
Dicho centro junto con otros organismos internacionales advierten que, mientras se mantenga esta situación de impunidad e injusticia, se pone en riesgo el derecho a la defensa del territorio, el ejercicio de los derechos humanos y la seguridad de las comunidades.
Las víctimas y las organizaciones acompañantes señalan directamente a la Fiscalía General del Estado de Chiapas y a la Secretaría de Seguridad del Pueblo como responsables de mantener y ejecutar esta criminalización, al fabricar culpables, encubrir abusos policiales y sostener procesos plagados de irregularidades. Exigen la liberación inmediata de Juan Velasco Aguilar y de sus cuatro compañeros, así como la sanción ejemplar a los responsables de su detención arbitraria dentro de estas instituciones estatales.
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