Chiapas, uno de los estados con mayor diversidad cultural y lingüística del país, enfrenta una de sus realidades más dolorosas en materia de salud materna: la mortalidad fetal entre niñas y adolescentes. Los datos del INEGI muestran que la entidad concentra más de mil muertes fetales al año, lo que la coloca entre las de mayor número absoluto de casos en México.
La situación es especialmente crítica en madres de 10 a 19 años, un grupo donde los embarazos suelen estar marcados por la violencia sexual, las uniones tempranas y la falta de acceso a servicios médicos. En 2022 se registraron mil 336 muertes fetales y neonatales en Chiapas, equivalente a tres casos diarios, y en 2023 la cifra fue de mil 194.
En comunidades indígenas y rurales, el problema se intensifica. La pobreza extrema, la desnutrición y la carencia de hospitales cercanos hacen que muchas adolescentes enfrenten el embarazo sin controles prenatales.
De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (REDIAS), “la maternidad temprana es resultado de la violencia sexual y de uniones forzadas; muchas adolescentes llegan a los hospitales en condiciones críticas, sin haber tenido un solo control prenatal”.
Ante este panorama, activistas juveniles y organizaciones como REDIAS, exigen a la Secretaría de Salud de Chiapas, a la Secretaría de Igualdad de Género (SEIGEN), a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y al Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) garantizar condiciones seguras para los partos y proteger a las adolescentes embarazadas.
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