En el marco del Día Internacional de los Pueblos Originarios, comunidades indígenas de Bachajón, Chiapas, realizaron una peregrinación y emitieron un manifiesto crítico sobre el proyecto vial “Autopista de las Culturas Mayas”, cuyo tramo Palenque–Ocosingo se ha reactivado recientemente.
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La declaración, pronunciada durante la caminata por la defensa de la Madre Tierra y la construcción de la paz, sostiene que el gobierno estatal y las empresas involucradas han vulnerado el derecho de los pueblos a la consulta previa, libre e informada, así como su integridad territorial.
Señalamientos centrales
- Violación al derecho a la consulta
El manifiesto acusa que la consulta comunitaria fue deficiente y excluyó a las comunidades más afectadas, limitándose a cabeceras municipales.“Por la violación al derecho a la consulta al no hacerse ni previa ni informada y al dejar al margen la voz de las comunidades…”
- Publicación tardía del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA)
El documento, clave para evaluar riesgos ambientales, se difundió únicamente después de realizada la consulta, lo que, según los firmantes, impidió que la población contara con información suficiente para tomar decisiones.
- Inicio de obras sin aprobación completa
A pesar de que las MIA no habían sido evaluadas ni aprobadas, el gobierno estatal dio el banderazo de inicio el 8 de junio de 2025. “El gobierno del Estado de Chiapas dio el banderazo de inicio… sin contar con las MIA evaluadas y aprobadas.”
- Despojo y extracción de materiales sin consentimiento.
El comunicado alerta que ya ha comenzado la extracción de grava y otros recursos sin acuerdos con los propietarios, acompañada de amenazas y falsas promesas. “Denunciamos que el despojo ha iniciado con amenazas, falsas promesas, así como la extracción de grava sin consentimiento…”
Ante este panorama, las comunidades demandan a la Secretaría de Obras Públicas del Estado, Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural de Chiapas (SEMAHN),Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Chiapas, atender los amparos interpuestos y resolver conforme a derecho.
“No se trata de un pedazo de tierra que se pueda vender o destruir para hacer espacio a proyectos que prometen beneficios aparentes”, afirmó la Misión de Bachajón.
